Clientelismo y represión

1 feb 2012

 

Desde los mismos comienzos de la gestión, Alperovich se destaca por su ininterrumpido avance sobre las instituciones y todos los ámbitos de la vida ciudadana. Pero resulta sumamente grave el avance sobre las leyes de forma de crear una superestructura legal que profundice y perpetúe los estilos despóticos de esta administración. Si bien se dice que las normas de una sociedad son la consecuencia de una cultura, también es verdad que la formalización forzada, en aprovechamiento del poder circunstancial, de normas que presionan sobre un estado determinado de libertad, son generadoras de conductas en respuesta a la presión legal. En el caso de nuestra sociedad, con características notablemente autoritarias, el avance sobre legislación que promueva la concentración de poder, la represión y el control gubernamental, utiliza la aprobación, activa o por omisión, de una porción de sociedad contaminada por el autoritarismo, para el sometimiento de los demás sectores. No cabe duda alguna que un régimen autoritario en un sistema formalmente democrático, si existe, es porque la sociedad de alguna manera lo tolera o lo aprueba. Pero tampoco cabe duda alguna que en el estado de descomposición de nuestra democracia, el avance político del despotismo se nutre fundamentalmente de los espacios abandonados por el poder ciudadano y en gran parte gracias al clientelismo.

Nunca como hora, ni siquiera en épocas del genocida Bussi electo gobernador, tuvo Tucumán tales niveles de represión. La definición de esta palabra en el diccionario es: “Acto, o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales”.

No necesariamente la violencia tiene que ver con los palos y las balas de goma. Así como hoy vemos que los actos imperiales de los poderes hegemónicos en el mundo no  necesitan ejércitos para dominar ya que cuentan con numerosas “instituciones” supranacionales para presionar y torcer voluntades, fronteras adentro del país y de la provincia, se ejercen  métodos similares. Si hacemos un rápido recuento de algunas medidas de esta administración desde sus comienzos tendremos un poco mas de claridad. Alperovich creó dos cuerpos especiales de policía, la Patrulla Urbana y la  Policía Vial; dotó de cámaras de vigilancia a las principales ciudades, limitó hasta las 4 de la mañana de vida nocturna dándole al IPLA un protagonismo y capacidad operativa especial, reformó el Código de Contravenciones Policiales, y ahora reformó el Código Tributario, sólo para hablar de algunos ejemplos. Todas medidas represivas destinadas a incrementar las facultades punitivas incluso por fuera de las garantías constitucionales. Si convenimos que una llave fundamental del cambio social es la educación en todas sus formas y no solamente la educación escolar, deberemos entender que la administración Alperovich participa del concepto de que la mejor educación es el castigo y la represión convenientemente combinado con un clientelismo a ultranza que transforma al ciudadano en un dócil consumidor súbdito del poder.

Si hubiera un esfuerzo serio por el progreso social por la vía de la educación otra sería la realidad. Por empezar, en la educación formal, la provincia tiene 460 escuelas secundarias de gestión estatal y 137 de gestión privada. O sea faltan casi un treinta por ciento de escuelas secundarias para que el estado cumpla su rol de garantizar la educación pública y gratuita toda vez que es obligatoria la escuela secundaria.

Desde el otro lado, Tucumán no tiene hoy una sola institución del estado dedicada a la recuperación de adictos y los jóvenes con problemas de droga y delincuencia son internados en el Instituto Roca. Un instituto de tristísima historia y aparentemente más bien dedicado al aniquilamiento que a la recuperación tal y como sucede con todas las cárceles. Mientras, los casos de policías involucrados con el tráfico de drogas son tratados como casos aislados sin reconocer que la institución esta estructuralmente contaminada. Por el contrario, la incorporación de miles de policías jóvenes termina multiplicando la corrupción al desempeñarse en un ambiente dónde son cotidianas las prácticas violatorias de los Derechos Humanos y la tortura tal como lo denunciaran incluso algunos jueces. La Escuela de Policía sigue increíblemente bajo la autoridad “educacional” del Jefe de Policía y no depende de la estructura educativa de la provincia ni de la Nación. Increíble pero cierto. El Jefe de Policía sigue haciendo de juez que resuelve sobre la libertad de los ciudadanos en los casos de contravenciones. Ahora, con el nuevo código tributario se incorporó otro magistrado, el Director de Rentas que resuelve sobre los bienes de los ciudadanos por encima de la autoridad judicial legítima

y con fallos inapelables.

Cuando hablamos sobre los tres círculos concéntricos de la corrupción describíamos al primero de ellos como la cúpula de la administración del estado ligada a los mas grandes negocios como las entidades financieras y bancarias asociadas al poder político que han desarrollado nuevos “productos” cuyo mercado depende de las decisiones en los despachos oficiales. Estructuras que sirven a “productos” como los créditos para los empleados públicos que cobran sus sueldos en esos bancos, tarjetas de crédito, compañías de seguros, créditos para las empresas que ejecutan obra pública, préstamos al estado garantizados con sus propios depósitos, programas de desarrollo como instalaciones de gas domiciliario, administración de títulos de la deuda pública, etc., son todas líneas de negocios que ocupan secciones enteras de estas “empresas” financieras que caerían por su propio peso si no gozaran del favor, muy bien pagado por cierto, de los funcionarios de turno. El segundo círculo, más amplio, necesita los buenos oficios de escribanías, abogados, casas de cambio y entidades financieras, entre otras “empresas” que presten sus oficios tanto para concretar los negocios como para lavar el dinero proveniente de ellos. Es el caso de los cientos de empresas truchas que “venden” facturas para permitir a los contratistas del estado sobrefacturar entre el 25%  y 100% y aún más de retorno que se les exige en la obra pública y hacerlo aparecer como gasto genuino en su contabilidad. Por supuesto la Dirección de Rentas y hasta la AFIP ignoran esto. Y el tercero y más amplio círculo, lo constituyen las bandas de empleados estatales de menor jerarquía que comercializan a muy bajo precio y al menudeo los privilegios de su cargo. Aquí se inscriben la venta de sellos truchos en rentas, la venta de puntajes en las juntas de clasificación de los docentes, la venta de títulos y certificados de organizaciones educativas existentes o virtuales, la venta de notas en las universidades, la venta de títulos académicos, la venta de libres deudas de propiedades, la comercialización de vehículos mellizos, la venta de arreglos judiciales en el fuero penal, y una gran cantidad de actividades, todas registradas en Tucumán y “descubiertas” cíclica y repetidamente.

Sin embargo, la enorme cantidad de controles que ejerce la administración por medio de Rentas, su policía, el IPLA, la policía vial, sus cámaras de vigilancia y hasta sus punteros políticos, no registra uno solo de los más grandes delitos que se cometen a diario.

La represión, por los métodos hoy usados, es la contracara del clientelismo. Y ambas cosas definen lo que bien se podría llamar populismo pos neoliberal. Es una forma de mantener a los excluidos en la situación en que los dejó el neoliberalismo pero con capacidad de consumo para financiar el comercio y la política con la continuidad de amplios beneficios para la especulación financiera en el marco de un régimen autoritario hegemónico como forma de administración del Estado.  Se trata de la aplicación en profundidad del principio de los costos difusos y los beneficios concentrados. El conjunto de la sociedad paga el privilegio de unos pocos. Y esto no sólo en el sentido dinerario sino en otros valores incluso superiores al del dinero como es la calidad institucional o la construcción de poder político.

El régimen medra en la buenaventura de un clima social propicio a perfeccionar las condiciones políticas y sociales para la realización de grandes negocios personales e incluso puede conceder algunas reivindicaciones menores de restitución patrimonial al pueblo (mejor salud, algún avance en la educación y mucho, muchísimo asistencialismo) mientras pueda continuar  desapropiando a los ciudadanos de sus derechos, construyendo mas y mejores privilegios con mayor duración en el tiempo y absoluta impunidad, alimentando a la vez  la metástasis de métodos, usos y costumbres que transformen culturalmente a la sociedad. Cada sector civil reproduce los métodos del poder político como un dictado de la razón. Así, lentamente, la sociedad penetrada por la corrupción, la ignorancia, el abandono de los deberes cívicos y la virtualidad de un bienestar falso y pasajero, va sentando las bases de la permanencia de un régimen legitimado por la validez estadística de sus métodos.

Es parte de las reglas de juego de un sistema político degradado que nació para organizar las sociedades productivas y continúa siendo utilizado en una sociedad organizada para la especulación. La democracia es el sistema político que se corresponde al capitalismo industrial y socializante y no puede existir bajo el neoliberalismo globalizador en que los capitales se tornaron en zánganos perezosos dedicados a al comercio y la usura. Pero, como zánganos que son, copulan con la reina. El capitalismo se sustenta sobre una gran masa de asalariados que produzcan, el neoliberalismo sobre un verdadero ejército de pobres e indigentes que vendan su voto por un bolsón. Y ello supone la transformación de las instituciones para su funcionalidad y correspondencia con el régimen.

La limitada mentalidad mercantilista de esta gestión de gobierno se expresa en todas las áreas. La política se volvió compra venta, la gestión gubernamental adquirió ese sesgo y es de suponer que todo lo que promueve el gobierno tiene la marca indeleble del mercadeo.

La legitimación y legalización de este método representa el ascenso a categoría de conducta moral socialmente aceptada y legalmente reconocida.

Por su parte, los mandatarios globalizados deben desempeñarse en un sistema político sobreviviente y sirven a un sistema económico emergente que no ha generado otra forma de organización sino que prostituyó la existente, tal y como prostituyó los valores.

El régimen instaurado busca profundizar la exclusión ciudadana de todos los miembros de la sociedad desmontando incluso los relativos poderes territoriales de Intendentes y Delegados comunales otrora importantes dentro del justicialismo. La centralización de los resortes del régimen en una sola mano es un hecho comprobable, tanto como el desmantelamiento sistemático de los mecanismos republicanos que sostienen el sistema representativo. El ciudadano lo es sólo al momento de votar transformando la democracia en una versión minimalista del sistema y reemplazando los usos republicanos por resortes autoritarios destinados a la perpetuación en el poder concentrando derechos en una minoría. Esto significa de hecho privilegios por cuanto los derechos ciudadanos solo pueden ser considerados tales si son universales.

Durante décadas los tucumanos fuimos persuadidos de la inutilidad de la política, la dependencia de la justicia y la ociosidad de la legislatura. También fuimos empujados a comprobar una y otra vez  que, como ciudadanos, somos invisibles al poder, los derechos son de ellos como de ellos es la riqueza y la impunidad.

En un trabajo realizado para las Naciones Unidas, Julio Cotler afirma que “el descrédito del régimen democrático “realmente existente” propicia que amplios sectores sociales, particularmente los pobres y los excluidos del imaginario como de la acción político-estatal, asuman comportamientos “informales”, si no ilegales, para satisfacer sus aspiraciones individuales y colectivas, que el Estado es incapaz de controlar por no contar con los recursos materiales ni con el respaldo de la población”.

La pregunta es donde estará el límite, cual será el factor que descomponga este proceso porque a nadie se le escapa que nada es para siempre. Algunos arriesgan que será la falta de dinero lo que terminará con las fidelidades compradas. Otros afirman que la imprudente y desmedida ambición del mandatario contiene el dramático final de su hegemonía, mientras, los mas optimistas, creen en la capacidad de la ciudadanía para reaccionar poniendo fin al descalabro institucional.

Pero, estos vaticinios  no dejan de ser meras expresiones de anhelo toda vez que no se insinúa siquiera un proyecto político opositor capaz de captar la simpatía popular. Tampoco se observa crecimiento de figura alguna que lidere el necesario movimiento político capaz de ofrecer alternativa. Entonces, si la existencia de un régimen como el presente se debe principalmente a la ausencia de fuerza que se le oponga, es decir al defecto, parece razonable pensar que su caída será también por defecto adquiriendo fuerza la tesis de la autodestrucción por la transgresión a los límites de la prudencia.

Cualquiera sea el destino final de este proyecto, el destino de la provincia ya fue profundamente marcado por las consecuencias de sus políticas. La prolongación en el tiempo, mas allá de la actual administración, esta garantizada justamente por la transformación institucional y cultural sufrida.

Al terminar su tercer mandato Alperovich habrá gobernado doce años. Tiempo perdido para la educación y el progreso social. Nada más algunos ladrillos que consolidan la cultura del autoritarismo en la provincia con el apoyo de más de más de 10.000 millones de pesos anuales de la Nación y bigotes que aparecen y desaparecen.